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Jurídicas publica un trabajo
de Ignacio Rojo Fernández-Matinot que plantea la importancia
que para los ayuntamientos tiene la entrada en vigor, el próximo 25 de mayo,
del Reglamento General de Protección de Datos. Como recuera el autor, es una
sirena que suena insistente y que obliga a todos los ayuntamientos, a todas las
administraciones públicas y a todo el tejido empresarial que maneje datos
personales a ponerse en marcha inmediatamente, con el agravante de que la
alternativa de no seguir gestionando o recibir sanciones económicas
insoportables para su propia supervivencia colocaría a todas estas instituciones
y empresas ante el riesgo de paralización de toda su actividad. El trabajo que recogemos se centra, en particular, en la figura del Delegado de Protección de Datos en el contexto del reglamento.
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