En
diciembre de 2017, el estado de Ohio aprobó una ley que prohíbe la interrupción
del embarazo cuando la decisión de la mujer se base en la posibilidad de que el
feto sea portador de síndrome de Down. Reingold
y Gosin comentan en JAMA los inconvenientes de esta norma y cómo la restricción
de la capacidad de elección de las embarazadas no se acompaña de ventajas para
personas con discapacidad.
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