En este artículo se cuestiona la eficacia de medidas legislativas con carácter coercitivo, que permitiría la detención y el tratamiento forzoso de jóvenes con problemas de adicción.
La evidencia existente, según los autores, sugiere que el tratamiento obligatorio de la adicción no conduce a mejoras significativas en los resultados del uso de sustancias y puede ser desestabilizador.
Aconsejan invertir en intervenciones accesibles, basadas en la evidencia y establecer conexiones significativas con los jóvenes, lo que servirá para proteger mejor su salud y seguridad que la creencia de que la legislación puede usarse para "arreglarlos".
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