25 de febrero de 2018

Opinión: ¿Por qué la industria farmacéutica es transparente en sus pagos a los médicos y las fundaciones de investigación vinculadas a los hospitales públicos son tan opacas?


No hace mucho tiempo se implantó en España, por parte de las compañías farmacéuticas, la obligatoriedad de hacer públicas las denominadas “transferencias de valor” (pagos), que realizaran a cualquier profesional del ámbito de la Medicina. Las empresas adheridas a la patronal de Farmaindustria se comprometieron a hacer estos datos públicos y así lo están haciendo.


Estas transferencias de valor se pueden deber a diferentes motivos: financiación de la asistencia a un congreso, pagos por servicios prestados del profesional a la empresa, etc. Este importante cambio en la relación entre los profesionales de la Medicina y las empresas farmacéuticas se ha debido a diversos motivos. Por un lado, los derechos de los pacientes a ser informados de los posibles conflictos de interés que puedan tener los profesionales que les atienden a la hora de prescribir un tratamiento. Por otro, nos encontramos con las presiones que han ejercido las administraciones sanitarias sobre Farmaindustria con el fin de ahorrar costes. La estrategia es bien simple, si se hacen públicos los conflictos de interés de los médicos es posible que éstos se autorregulen a la hora de generar gasto farmacéutico.

Hasta ahora esta política de transparencia se está aplicando con rigor por parte de todas las empresas ligadas a Farmaindustria. Ahora es posible entrar en las webs de las compañías y a través de un buscador localizar a un médico y saber los pagos (o transferencias de valor) que ha recibido de la compañía.

Sin embargo, uno se sorprende al ver que este modelo no se aplica en un ámbito muy importante: los hospitales públicos. Es de sobra conocido que cada vez está llegando más dinero a los hospitales vinculados a proyectos de investigación de muy diverso tipo y procedencia. Hay numerosas entidades financiadoras públicas (regionales, nacionales, europeas, etc) y privadas que llegan a acuerdos con médicos de los hospitales públicos con el fin de desarrollar proyectos de investigación. Las Fundaciones de Investigación de los hospitales públicos son los entes con personalidad jurídica encargados de firmar el correspondiente contrato con la empresa que sea, y realiza la gestión administrativa del proyecto. Estas Fundaciones son entidades de derecho privado, aunque están sometidas a rigurosos controles por parte de la intervención pública para asegurarse de que el dinero “se gasta en lo que tiene que gastarse”.

No cabe duda de que la llegada de proyectos de investigación financiados a un hospital público es algo deseable, pues va a mejorar el nivel de conocimientos de los profesionales y les ayudará a estar en la vanguardia del conocimiento en su especialidad. Sin embargo, en los últimos años se está observando cómo determinados médicos que trabajan en los hospitales públicos se están convirtiendo en grandes conseguidores de fondos de investigación para sus hospitales. Sea por su trayectoria académica, profesional, de investigación, de liderazgo de opinión, habilidades como vendedor de servicios, lo cierto es que en un entorno muy competitivo, consiguen dinero para investigar. Esto supone un motivo de “orgullo y satisfacción” para los dirigentes de los hospitales.

Alrededor de estos médicos conseguidores se empieza a generar, dentro del hospital público, una infraestructura financiada por los fondos de investigación que se va configurando como auténticas empresas. Se contrata personal de apoyo a la investigación de todo tipo (data managers, gestores de proyectos, médicos, técnicos de laboratorio, etc), y también se adquiere material inventariable necesario para el proyecto.

A esto se añade que muchos médicos que trabajan en servicios con una gran actividad investigadora refieren sentirse explotados, ya que se ven obligados a recopilar información que no es esencial para el acto asistencial que están realizando, pero se ven presionados a ello por los procedimientos establecidos en el servicio. Esto puede disfrazarse como política de calidad, cuando en realidad es un protocolo de investigación encubierto. Vista la precariedad laboral en la que se encuentran las generaciones jóvenes de compañeros poco pueden protestar. 

Nadie duda de que éste es el modelo actual de investigación, donde el investigador además de la vertiente clínica e investigadora, tiene también la de empresario que vende un producto, un servicio o conocimiento. En todos los países desarrollados se investiga de esta manera. La diferencia entre lo que ocurre en España, y lo que pasa en otros países está en los mecanismos de control de esta dinámica.

Cuando llega dinero a una Fundación de un Hospital Público viene con un presupuesto asignado, y uno de los apartados es el de los honorarios del médico que ha conseguido traer el proyecto, lo que es justo y razonable. Lo que creo que empieza a ser preocupante es que determinados médicos empiecen a atraer proyectos en una cantidad excesiva, y esto puede generar conflictos de interés entre el médico que consigue el proyecto y la institución para la que trabaja.

En muchas universidades extranjeras se ponen unos límites a esta dinámica, y en las universidades españolas también. Por ejemplo, la cantidad máxima que puede percibir un profesor por trabajos de investigación en una universidad pública está bien definida. De hecho, lo que incentiva la normativa en España es que los grupos de investigación evolucionen a empresas de base tecnológica (spin-offs) y que se independicen, aportando riqueza y empleo al país prestando servicios de alto valor añadido. Incluso, con la legislación actual, se permite que los miembros de los grupos de investigación puedan trabajar un tiempo en las spin-offs que vayan creando sin problema de incompatibilidades.

Sin embargo, esta transferencia del sector público al privado no se está produciendo en la medida en que sería deseable. Y los grupos de investigación siguen desarrollando su actividad en los hospitales públicos con la gestión de las fundaciones de investigación. En la actualidad existen servicios hospitalarios donde se están llevando a cabo más de un centenar de ensayos clínicos de manera simultánea lo que refleja la magnitud que está adquiriendo el fenómeno. Todo esto es algo bueno para las instituciones sanitarias en las que trabajamos, pero pensamos que tiene que haber control y transparencia. 

Es cierto que todos los proyectos de investigación están sometidos a rigurosos controles tanto en su contenido (aprobación por el Comité de Ética de la Investigación Clínica) como en su ejecución presupuestaria (Intervención de la consejería de sanidad correspondiente). Pero también es cierto que algunos grupos de investigación se están convirtiendo en importantes grupos de presión en las gerencias de los hospitales. El dinero que llega de la investigación al hospital empieza a influir en reformas arquitectónicas o en la contratación de personal. Y en algunos casos los intereses del grupo de investigación empiezan a entrar en conflicto con las prioridades asistenciales de la población atendida por el hospital. Muchas veces el objeto de la investigación está orientado a tratamientos de patologías prevalentes, pero en no pocas ocasiones la prioridad de la investigación se centra en problemas no prioritarios o escasamente prevalentes.

Creo que un mecanismo de control y transparencia sencillo sería que las Fundaciones hicieran públicas todas las transferencias de valor que realizan a los médicos de sus hospitales, sobre todo especificando de qué proyecto procede y cuál es la entidad financiadora. Al igual que hace la industria. De esta manera tanto pacientes como colegas estaríamos bien informados de los potenciales conflictos de intereses que pueden tener estos colegas investigadores. Creo que lo que está haciendo Farmaindustria es fácilmente aplicable a las Fundaciones de Investigación Hospitalaria ¿qué mejor medida regulatoria que la transparencia?

Se puede criticar esta propuesta diciendo que las fundaciones de investigación publican anualmente sus memorias donde detallan los proyectos financiados, la cantidad financiada, el/la investigador/a principal y los miembros de su grupo. Pero esto no es suficiente en la actualidad. Es necesario conocer el correlato económico que hay detrás de cada proyecto a nivel individual (cuánto cobra cada miembro del equipo), y solo detrás de estos datos podremos conocer mejor al investigador y el juego de intereses (sobre todo económicos) que tiene detrás, y podremos conocer mejor al investigador. 

En los congresos actuales es frecuente que los ponentes hagan una declaración previa de conflicto de intereses, y detallen las empresas con las que han trabajado. Esto es insuficiente, lo verdaderamente relevante sería que pusiera en su diapositiva de declaración de conflicto de intereses un enlace a la web de la Fundación de su hospital y allí el que quisiera podría comprobar los pagos que ha recibido el/ella personalmente de cada proyecto, y la empresa que financió los proyectos. Estos datos ya los tienen elaborados las Fundaciones pues son los mismos que aportan a la Agencia Tributaria para la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

No hay que olvidar tampoco que ahora mismo hay personal contratado por las Fundaciones de Investigación con cargo a proyectos financiados por empresas. Aunque realmente son empleados de la Fundación, en la práctica dependen indirectamente de la empresa que financia el proyecto. ¿No tendrían derecho pacientes y colegas a conocer la situación en la que se encuentran? 

La investigación tiene un componente importante de vocación de siempre, pero desde hace tiempo los investigadores se han convertido en profesionales que venden sus servicios realizando proyectos de investigación por un interés económico. Estos servicios se prestan en centros sanitarios públicos, participan en ellos pacientes del sistema público de salud, y son ejecutados por empleados del sistema público de salud. Por ello, tanto los pacientes como los colegas de estos investigadores tenemos derecho a conocer los verdaderos intereses que hay en juego para estar mejor informados. Los pacientes cuando son atendidos en estos servicios asistenciales y/o son reclutados para un estudio, y los colegas, para conocer los verdaderos conflictos de intereses de los investigadores / líderes de opinión.

Existe un movimiento social creciente en busca de la transparencia, y creo que lo que propongo en este artículo llegará más pronto que tarde. Aunque reconozco que habrá fuertes resistencias a que se conozcan los verdaderos intereses que hay en juego, siempre las ha habido.

Alfredo Calcedo Barba
Presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal

PD: las opiniones expresadas en este artículo son del autor, y no reflejan, necesariamente la posición de la SEPL.

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