Leemos en Redacción Médica que un hospital público ha acordado la incorporación de
auxiliar de Enfermería a la que un coordinador del centro reclamó un
documento sobre antecedentes penales después de saber que era
gitana. El caso fue denunciado por la Fundación Secretariado Gitano por
considerarlo una vulneración de los derechos fundamentales. El centro ha
llegado a un acuerdo, ratificado por un Juzgado de lo Social, en el que el hospital
admitía "indicios de conducta discriminatoria". La trabajadora fue
contratada y el coordinador, expedientado y finalmente despedido.
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