El
autor de este artículo se pregunta por la idoneidad de cobrar tasas por la
expedición de informes derivados de acciones de servicio público cuya misión es
proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades de los ciudadanos y realizadas por los cuerpos y seguridad
del estado; que en los últimos años
se ha convertido en una fuente importante de ingresos para muchos ayuntamientos.
Fuente: Noticias
jurídicas
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