Incapacidad permanente absoluta por trastorno de estrés postraumático crónico a raíz de una agresión sexual sufrida en 1997.

CEF Laboral Social recoge una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León que considera que la trabajadora “lleva padeciendo un calvario psíquico desde hace 20 años, sometida a tratamiento continuo, con una situación clínica que le produce una interferencia significativa en su vida personal, social y familiar. En estas condiciones puede afirmarse que la afectación psicológica que sufre, acentuada con la puesta en libertad de su agresor”, con una sintomatología que “determina una limitación funcional que le impide llevar a cabo cualquier actividad laboral de forma eficiente y conforme a los mínimos requerimientos que son imprescindibles en cualquier profesión”.