Aunque el Reglamento General de Protección de
Datos de la Unión Europea entró en vigor en España el pasado 25 de mayo,
aún está pendiente su adaptación al derecho español mediante una ley orgánica que todavía no
ha superado su tramitación parlamentaria. Por este motivo, el Gobierno ha
elaborado y aprobado el Real
Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del
Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de
datos, que, publicado en el BOE del 30 de
julio, busca adecuar el ordenamiento nacional a las medidas que no pueden
demorarse. Entre ellas, las referentes a la inspección y el régimen sancionador
en materia de protección de datos y los procedimientos en caso de
vulneración de reglamento europeo, algo especialmente relevante en el sector
sanitario privado, en el que las multas previstas en el RGPD son
mucho más elevadas que las que recogía la LOPD.
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