Más
lejos que Szmukler va en su editorial Appelbaum en World
Psychiatry, al considerar que el Art. 12 de la Convención,
en realidad, desprotege a las personas cuyos derechos dice defender, de lo cual
responsabiliza a asociaciones de personas con discapacidad (y profesionales)
que al modo de ver del autor han impuesto su agenda política por encima de los
intereses de las personas por las que abogan, pero también a los estados que
–como España- adoptaron la Convención sin la menor reserva o cautela. El autor
solo ve tres estrategias posibles para solucionar el problema: ignorar el Art.
12, reinterpretarlo o enmendarlo, opción esta última por la que se decanta.
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