23 de noviembre de 2018

¿En mejor interés de quien? Colaboración y Decisiones anticipadas en ambientes coercitivos



Se trata de una reflexión de Owen Spalding, enfermero del hospital de Hellesdon en la ciudad inglesa de Norwich sobre la importancia de las decisiones anticipadas en salud mental. Por su interés se presenta una traducción del artículo:

Emma es ingresada en el hospital de forma involuntaria según la Ley de Salud Mental. Parece que actualmente está experimentando un episodio psicótico agudo. Mientras se encuentra en la sala, Emma, que tiene un historial de traumas significativos, no quiere participar en un tratamiento farmacológico. Ella no siente que está enferma y por lo tanto no ve el beneficio de la medicación. El equipo médico discute si Emma debería ser obligada a tomar su medicación; de hecho, su situación legal permite al médico administrar medicamentos con o sin su consentimiento. En realidad, "sin su consentimiento" significa a través del uso de la inyección intramuscular, que sin duda requerirá el uso de medidas de contención. Esta será una experiencia extremadamente angustiosa para Emma.
Dada su historia de trauma, se toma la decisión de no entrar en un paradigma de prácticas restrictivas, ya que esto probablemente retraumatice a Emma y haga que su estado mental se deteriore aún más. El trabajo colaborativo significativo desarrolla una relación terapéutica y de confianza. Emma recibe información sobre los diferentes tipos de medicamentos y se analizan los beneficios y los efectos secundarios. Finalmente, Emma acepta tomar medicamentos y, junto con el trabajo psicológico simultáneo, se recupera lo suficiente como para dejar el hospital y continuar recibiendo apoyo en la comunidad.

Esto no debería ser una situación extraña. Como profesionales de la salud mental, debemos pensar profundamente en la ética de nuestra toma de decisiones, y si las acciones que tomamos en situaciones como la anterior reflejan realmente el mejor interés del paciente. Las prácticas restrictivas se deben usar solo como último recurso, y cualquier decisión de usar intervenciones coercitivas se debe sopesar de manera que refleje su potencial de causar daño. Se debe alentar y mostrar respeto auténtico a las opiniones de todos los involucrados en la atención, no solo del personal. Deberíamos estar mostrando empatía y comprensión por las posibles consecuencias de nuestras acciones y discutiendo formas en que podemos hacer las cosas mejor. Escuchar las diferentes perspectivas y preguntar: “¿es esto lo éticamente justo?” Debería ser fundamental para nuestro día a día, siempre teniendo en cuenta que la autoridad legal no nos da total libertad para participar en prácticas restrictivas.

Sin embargo, la evidencia sugiere que este no es el caso. Algunos estudios muestran que alrededor de 1 de cada 5 mujeres ingresadas en unidades de salud mental sufrieron restricción física.
¿Podemos realmente decir que, en todos estos casos, el uso de la contención, la tranquilización rápida y otras intervenciones coercitivas han sido sopesadas por el equipo y se ha considerado la opción éticamente correcta y menos restrictiva, teniendo en cuenta la historia personal, valores y deseos del paciente?
De hecho, el uso de prácticas restrictivas en pacientes ingresados sin su consentimiento sigue siendo en su conjunto una preocupación grave, ya que las malas experiencias de atención son comunes entre el testimonio de quienes han estado hospitalizados involuntariamente. Si bien las prácticas restrictivas y el tratamiento sin consentimiento a menudo se usan para mantener la seguridad en el contexto de la valoración que los profesionales perciben del riesgo de daño para sí mismo o para otros, no puede discutirse que tienen enormes implicaciones para el sentimiento de seguridad, autoestima y autonomía de la persona.
¿Cómo animamos y fomentamos una cultura de trabajo colaborativo que conozca y reconozca los deseos del paciente mientras mantenemos la idea de que puede que tengamos que actuar sin su consentimiento en momentos de incapacidad?

Mucha discusión en torno a este tema se ha centrado en las decisiones anticipadas. Las decisiones anticipadas permiten que las personas que reciben atención médica puedan explicar cómo les gustaría recibir el tratamiento en el futuro, en el caso que no se encuentran bien para expresar su opinión. Estas decisiones anticipadas también pueden contener información explícita sobre el tratamiento que la persona se negaría a recibir en momentos de incapacidad.
En Inglaterra y Gales, si las decisiones se escriben y se firman con testigos, la Ley de Capacidad Mental garantiza que su contenido es exigible legalmente.
Sin embargo, en el caso de una persona retenida contra su voluntad en virtud de la Ley de Salud Mental, cualquier contenido en su “carta” de Decisiones Anticipadas en salud mental que esté relacionada con su problema de salud mental, puede ser anulada (mientras que cualquier rechazo al tratamiento que esté relacionado con un problema físico todavía se puede cumplir).
El informe independiente provisional de la revisión de la Ley de Salud Mental encontró que muchas personas sintieron que sus intentos de exponer decisiones de tratamiento relacionadas con su enfermedad mental no recibieron la atención adecuada. La dignidad de un paciente y el control sobre las decisiones de tratamiento deberían ser universales, pero en la actualidad no estamos proporcionando igualdad de condiciones en virtud de su condición de salud mental.
Algunos sostienen que al tomar decisiones anticipadas exigibles legalmente, existe el riesgo de que los pacientes no reciban la atención adecuada. También hay preocupaciones acerca de cómo se debe cuidar a los pacientes cuando están enfermos durante un episodio agudo y se niegan a recibir tratamiento. No sería un paso hacia una atención más colaborativa y menos coercitiva si, como en el caso de Sevels v Cameron, una decisión anticipada de rechazar todos los medicamentos antipsicóticos resultara en 404 días de ingreso. No podemos entrar en una situación en la que simplemente cambiemos una intervención restrictiva por otra.
Sin embargo, esto parece ser una excepción a la regla, ya que gran parte de la investigación muestra que muy pocos pacientes rechazan todos los tratamientos. En cambio, parece que es mucho más probable que rechacen algunos, pero que también indiquen lo que es preferible. Parece que tomar decisiones anticipadas exigibles legalmente en virtud de la Ley de Salud Mental podría ser un paso para alejarnos del paternalismo que tanto ha arruinado nuestros servicios de salud mental. Debemos reconocer que, en la actual Ley de Salud Mental, la coerción y la retención involuntaria se seguirán utilizando, pero hay formas en que podemos mejorar la experiencia de las personas que necesitan apoyo en salud mental y carecen de capacidad para decidir. Debería ser nuestro deber proporcionar a los pacientes las herramientas para que se puedan empoderar a sí mismos cuando están más indefensos.
En Escocia, donde las decisiones anticipadas están incluidas en la legislación, muchos pacientes optan por no poner nada porque estas decisiones todavía pueden ser anuladas por el equipo encargado de su tratamiento. Debido a que la Red de Enfermeras de Salud Mental Crítica solicita una discusión nacional sobre si las enfermeras de salud mental deberían poder objetar el tratamiento forzoso a los pacientes, el alcance del debate continúa creciendo. Si realmente queremos que los servicios de salud mental adopten un enfoque de atención más colaborativo, debemos renunciar a parte de nuestro poder legal y proporcionar, a las personas a las que se supone que estamos ayudando, mayores garantías sobre lo que sí y lo que no va sucederles cuando no se encuentren bien.


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